By Piero A. Tozzi, J.D. (NUEVA YORK – C-FAM) La organización de derechos humanos Amnistía Internacional recientemente publicó un informe sobre mortalidad materna en Perú que promueve el aborto en esa nación pro-vida, a la vez que presenta interpretaciones polémicas sobre la legislación internacional. En el informe titulado “Deficiencias fatales: las barreras de la salud materna en Perú” también se reconoce que la falta de atención obstétrica de urgencia- y no la falta de acceso al aborto- es el factor que más incide en la alta tasa de mortalidad materna en la nación andina, y se presenta un listado de los obstáculos que enfrentan las mujeres pobres, generalmente indígenas, a la hora de acceder a la atención materna y neonatal básica.
Sin embargo, la idea clave del informe es reclamar que Perú, y por extensión, por otros países, ha asumido la obligación positiva de de garantizar ciertos derechos de salud materna que, según entiende Amnistía, incluyen el aborto “terapéutico”. En este sentido, la organización hace eco de la estrategia empleada por el Centro de Derechos Reproductivos, entidad pro-abortista que en los últimos años ha impulsado un “derecho a la salud materna” que mitiga el énfasis puesto en el aborto. Los críticos ven esta “forma encubierta de abordar el tema de los derechos al aborto” como el caballo de Troya diseñado para menoscabar toda oposición a eliminar la vida en gestación.
Amnistía asegura que la “falta de acceso" a la atención de la salud “es una violación del derecho humano de las mujeres al disfrute del más alto nivel posible de salud”. En el informe también se reclama que el Programa de Acción de El Cairo adoptado en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo- “documento resultante” que no tiene carácter vinculante en la legislación internacional- compromete a los Estados a proveer “el aborto en la máxima medida permitida por las leyes nacionales”. El texto de El Cairo es menos radical: reconoce que no crea ningún nuevo derecho y advierte que “en ningún caso debería promoverse el aborto como método de planificación de la familia” y afirma que “cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto... se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”, a la vez que establece que en los lugares donde el aborto está permitido por la ley, debe ser realizarse en condiciones de seguridad.
Desarrollando este aspecto, Amnistía inculpa a Perú por no haber “respondido de forma adecuada y oportuna” la “conclusión” vinculante del Comité de Derechos Humanos, el cual es responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité declaró que Perú conculcó las disposiciones del tratado cuando un hospital público denegó un pedido de aborto eugenésico a una mujer embarazada de un niño anencefálico. No obstante, el texto de dicho tratado no hace mención al aborto, y nada indica que quienes lo redactaron tenían la intención de dejar sin efecto las legislaciones nacionales de la mayoría de los países que, al momento de la adopción del Pacto, en 1966, prohibían o restringían al máximo la práctica. Fundada en 1961 por un católico converso, Amnistía Internacional mantuvo tiempo atrás una postura neutral acerca del aborto. Recientemente, en 2005, reconoció que “no existe un derecho generalmente aceptado a abortar en las leyes internacionales de los derechos humanos”. La posterior defensa del aborto por parte de la agrupación ha llevado a que muchos la acusen de haber traicionado sus principios fundamentales.
Traducción: Luciana María Palazzo
fuente: C-Fam
