By Samantha Singson (NUEVA YORK - C-FAM) Amnistía Internacional vuelve a golpear otro país de América Latina por sus leyes pro-vida. En un informe publicado recientemente, Amnistía calificó como “cruel, desgracia inhumana” la prohibición total del aborto en Nicaragua y denunció que la nueva ley ha dado lugar a un aumento de las muertes maternas. Al igual que en el caso de México, República Dominicana y Perú, el último informe de Amnistía sobre Nicaragua sostiene incorrectamente que el derecho internacional exige a los países permitir el aborto, y más aún, según los críticos, tergiversa los hechos que muestran una disminución en la tasa de mortalidad materna.
La ley nicaragüense que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, fue aprobada unánimemente por la Asamblea Nacional en 2006 y ha sido un pararrayos para las críticas de defensores del aborto en todo el mundo. El nuevo informe de Amnistía "La prohibición total de aborto en Nicaragua: Las vidas y la salud de las mujeres en peligro, los profesionales de la medicina como delincuentes" acusa al gobierno de Nicaragua de aplicar una ley "discriminatoria" que, aseguran, aumentará la mortalidad materna. Amnistía ataca las sanciones de la prohibición penal afirmando que forzará a los profesionales de la salud a someterse a un "riesgo legal".
Afirmando que Nicaragua está violando el derecho internacional, Amnistía cita las recomendaciones no vinculantes de los órganos de vigilancia de las Naciones Unidas - el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura - como prueba de las obligaciones derivadas del derecho internacional para permitir el aborto en el país.
Críticos de las Naciones Unidas señalan, sin embargo, que ningún tratado de la ONU, menciona el aborto y que los miembros de los comités encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados se han tomado la facultad de agregar el “derecho al aborto” a los derechos ampliamente establecidos como el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a la intimidad y el derecho a no ser discriminado.
Amnistía afirma que la prohibición del aborto en Nicaragua es discriminatoria debido a sus consecuencias negativas para las mujeres y las niñas, ya que sólo "las mujeres y las niñas se ven obligadas a seguir un embarazo médicamente peligroso o no deseado o enfrentarse al encarcelamiento" o "sufrir la angustia mental y dolor físico de un aborto inseguro, arriesgando su salud y su vida en el proceso. "
Una de las principales afirmaciones de Amnistía es que la prohibición impedirá que los profesionales médicos traten en algunos casos a las mujeres por temor a que sus acciones sean sometidas a un procedimiento penal al poder ser consideradas como ayuda a la mujer para terminar su embarazo. Según otras noticias, el gobierno de Nicaragua ha dejado claro en repetidas ocasiones que se respetara el código medico existente, que permite tratamientos para salvar la vida que indirectamente podrían causar un aborto. Aunque Amnistía reconoce que la prohibición no ha dado lugar a procesos penales, la organización ataca al gobierno nicaragüense especulando con que la prohibición se traducirá/especulando con la posibilidad de que la prohibición se traduzca en "retrasos en el diagnóstico y tratamiento, en detrimento de las mujeres y las niñas nicaragüenses que busquen atención médica."
Desde que Amnistía publicó su informe sobre Nicaragua se le ha pedido a esta organización que rinda cuentas sobre sus conclusiones. Mathew Hoffman, reportero de LifesiteNews.com investigando los reclamos de Amnistía acerca de la prohibición de Nicaragua, encontró que dicha organización había falsificado la fecha en que el Código penal había sido modificado en "un aparente intento de encubrir el hecho de que la mortalidad materna disminuyó en 2007, el año después de que se suprimieran las excepciones en el Código penal para "abortos terapéuticos". Traducido por Aracely Ornelas
fuente: C-Fam
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