La República Dominicana ha sido atacada por los proponentes del aborto más poderosos del mundo, quienes intentan bloquear la propuesta de una enmienda constitucional que consagraría legalmente la defensa de los niños en gestación.La Coalición Internacional para la Salud de la Mujer (IWHC, según sus siglas en inglés), respaldada por naciones europeas, importantes fundaciones y el Fondo de Población de la ONU, ha lanzado una fuerte campaña para hacer fracasar el Artículo 30, que protegería la vida humana “desde la concepción”. Por amplia mayoría (167 votos a favor y 32 en contra), la Asamblea Nacional aprobó la enmienda en una primera lectura el 21 de abril pasado, pero debe ser sometida a una segunda lectura antes de ser promulgada por el Presidente.
La IWHC intenta persuadir a los dominicanos para que se vuelquen a las calles e impulsa campañas de escritura de cartas en las que se afirma que el Artículo mencionado “viola los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana, como, por ejemplo, el Acuerdo Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles (AIDPC), el Pacto de San José de Costa Rica, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (en inglés, CEDAW).
En realidad, el Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Los tratados de la ONU referidos (el AIDPC y la CEDAW) no hacen mención al aborto, y los comités que supervisan su cumplimento examinan cada vez más minuciosamente el modo de hacer una lectura pro-abortista de los tratados, a fin de presionar a los Estados Partes para que introduzcan leyes en favor del aborto.
De acuerdo con el último reporte anual de la IWHC , entre los contribuyentes que sustentan el presupuesto de la Coalición, el cual asciende a cinco millones y medio de dólares al año, se encuentran los gobiernos de Dinamarca, Gran Bretaña, los Países Bajos, Noruega, Suecia, el Fondo de Población de la ONU, el Grupo De Beers y poderosas fundaciones, como Ford, The Open Society Institute, Hewlett, MacArthur, Packard, Rockefeller, Woodstock y Bill & Melinda Gates. La IWHC también cuenta con tres millones de dólares en activos.
Como lo sugieren sus fuentes de recursos, la IWHC mantiene fuertes vínculos con los grupos de presión de los que emergió. Una publicación reciente sobre el control de la población detalla cómo el Population Crisis Committee (actualmente denominado Population Action International) fundó en los años ochenta la IWHC con el fin de distribuir equipos para realizar abortos. La Fundación Hewlett promovió la Coalición, para respaldar económicamente el aborto tras la pérdida de apoyo monetario sufrida después de que se aplicara la “Política de la Ciudad de México” en los Estados Unidos. Cuando el “control de la población” perdió aceptación en medio de una serie de escándalos de gran magnitud, las principales fundaciones y organizaciones feministas redefinieron el movimiento, para que promoviera los derechos femeninos. En la actualidad, la IWHC se propone promover “los derechos sexuales reproductivos y la salud” para mujeres adolescentes y adultas.
La primera presidente de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer fue Joan Dunlop, protegida de John D. Rockefeller. Al poco tiempo de la fundación, Dunlop convocó a Adrienne Germaine, actual presidente y ex miembro de la Fundación Ford. Fue esta última quien persuadió a Ford para que incluyera servicios de aborto en sus programas extensivos de control de la población. Germaine fue una de las principales negociadoras de la administración Clinton cuando se intentó conseguir que el aborto sea reconocido como un derecho humano mundial en las conferencias de la ONU de El Cairo 1994 y Beijing 1995. Tras el fracaso, se unió a un grupo de elite conformado por funcionarios de la ONU que en 1996 había publicado el Informe de la “Mesa Redonda” de Glen Cove. En éste se presenta la estrategia que está siendo empleada por la IWHC en el caso dominicano, según la cual se hace mal uso de los tratados de la ONU en materia de derechos humanos, a fin de instaurar un derecho al aborto aduciendo que ya existe.
Traducción: Luciana María Palazzo
Fuente: C-Fam
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