(NUEVA YORK – C-FAM) By Samantha Singson En su nuevo informe titulado «Stand and Deliver», la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), solicita que los gobiernos, las instituciones religiosas y la sociedad en su conjunto brinden «educación sexual exhaustiva» a los niños de tan sólo diez años de edad.
En el prólogo del documento, Bert Koenders, ministro de Development Cooperation, oficina holandesa que contribuyó a financiar la publicación, afirma que «la gente joven tiene derecho a recibir información completa sobre la sexualidad y a tener acceso a anticonceptivos y otros servicios. Estos derechos están consagrados en una serie de convenciones y tratados de derechos humanos internacionalmente acordados, pero, lamentablemente, aún no son respetados en todo el mundo».
Según la IPPF, dado que «los jóvenes son seres sexuales», debería ser evidente que «la educación sexual promueve el bienestar individual y el avance de metas sociales y de salud pública más amplias». Esta organización sostiene que «la educación sexual exhaustiva» debe ser obligatoria en las escuelas, y que los gobiernos también deben asegurar que sea impartida entre aquellos jóvenes que no asisten a la escuela.
Además, alega que «con los jóvenes como compañeros, los actuales dirigentes adultos tienen la oportunidad de redefinir el sexo y la sexualidad como fuerzas positivas para el cambio y el desarrollo, como fuente de placer, encarnación de los derechos humanos y expresión del ser».
La Federación Internacional de Planificación de la Familia sostiene que la educación sexual exhaustiva es necesaria para estimular en la gente joven «la autoestima, la toma de decisiones a conciencia y las habilidades de negociación, y los ayuda a desarrollar vidas sexuales satisfactorias y placenteras». Por otra parte, expone que no debe subestimarse el «poder» de la educación sexual exhaustiva «de desafiar los roles tradicionales de género».
El informe enfatiza que debe garantizarse a la gente joven el acceso «ilimitado» a la educación y servicios sexuales, «sin restricciones administrativas ni obstáculos», como ser el requisito de que los proveedores de salud deban contar con el permiso de los padres o de los cónyuges para poder suministrar anticonceptivos. La IPPF solicita que los jóvenes puedan «acceder a los servicios que necesitan y desean, libres de ataduras relacionadas con cuestiones de actitud, factores psicológicos, culturales o sociales».
Asimismo, se refiere a la religión y a los grupos religiosos como una de las principales barreras que impiden el acceso de los adolescentes a la educación sexual y a los «servicios» sexuales y reproductivos. También afirma que muchas enseñanzas religiosas «niegan los aspectos placenteros y positivos del sexo y que los lineamientos limitados para la educación sexual generalmente se centran en la abstinencia previa al matrimonio», lo cual, según la IPPF, no ha sido efectivo en muchos contextos.
Además, según el informe, las instituciones religiosas - como la Iglesia Católica y las escuelas islámicas - necesitan ser «pragmáticas» para adecuarse a la gente joven como «seres sexuales» y reformar sus enseñanzas, a fin de «encontrar un modo de explicar y brindar orientación sobre los temas relativos al sexo y las relaciones sexuales entre la gente joven, que apoye y no niegue sus experiencias y necesidades».
La educación sexual es un tema que ha suscitado acaloradas discusiones en las Naciones Unidas, y muchos críticos temen que el derecho de los padres de educar a sus hijos sea violado. El año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó una serie de lineamientos sobre educación sexual que encontraron una oposición tan fuerte por parte de los defensores de la vida y la familia que la organización se vio obligada a retirar el documento de su sitio de Internet y someterlo a revisión.
Los críticos creen que estallarán más debates sobre «la educación sexual exhaustiva» en los próximos meses, durante el desarrollo del período de sesiones de la Comisión de la ONU.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellanofuente: C-Fam
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