Por Piero A. Tozzi
(NEW YORK, C-FAM) Los líderes latinoamericanos pro-vida cuestionan el accionar de sus delegaciones durante la reunión de la Comisión sobre Población y Desarrollo (CPD) de las Naciones Unidas que se celebró este año. El panorama es preocupante. Brasil, secundado por Uruguay, insistió acerca de los “derechos reproductivos” a lo largo de la sesión que se extendió por una semana, mientras que sólo dos naciones – Perú y Chile – manifestaron su reserva al afirmar que el aborto aún es ilegal en sus países.
Mientras se daba inicio a la conferencia de la CPD en la semana del 30 de marzo, las naciones en desarrollo, conocidas como el G-77, se reunieron para elaborar posiciones conjuntas, especialmente en lo que respecta al controvertido término de “derechos sexuales y reproductivos”, que apareció en el borrador inicial de la resolución.
Un número de naciones mayoritariamente islámicas propuso que dicha terminología no era apropiada para el Segundo Comité de la Asamblea General, cuyo ámbito se circunscribe a asuntos económico-financieros, y que debía ser debatido en el Tercer Comité, el cual normalmente trata temas sociales controvertidos. Esto debería haber significado una victoria para los pro-vida. Sin embargo, la propuesta fue bloqueada por Brasil, Uruguay y, según trascendió, Colombia, mientras que las delegaciones de Chile, Perú y Honduras dieron un apoyo tácito a la postura de Brasil.
En el transcurso de las negociaciones, Brasil asumió posturas radicales en favor de los derechos reproductivos, y fue sistemáticamente apoyado por Uruguay. Fuentes diversas informaron a Friday Fax que Brasil estaba “trabajando” en particular con las delegaciones de Argentina y Perú para que adhirieran a posturas más extremas, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la organización no gubernamental pro-abortista Ipas presionaba a Honduras, el cual es miembro de la comisión sobre Población y Desarrollo, y, por ello, considerado un país clave.
La actuación de los representantes de Honduras fue especialmente decepcionante, ya que se trata de una nación de fuerte tendencia pro-vida, cuya constitución reza: “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”. Fuentes información internas a las negociaciones relataron a Friday Fax que en ciertos momentos parecía que se había permitido que la delegación más radical de Uruguay hablara en lugar de Honduras, y que Honduras había prestado su nombre a dos propuestas controvertidas, una de las cuales pedía que se introdujera el término “servicios reproductivos y de salud”, que ha sido interpretado como una expresión que incluye el aborto. Un segundo cambio solicitado sólo por Honduras fue el de sustituir la referencia de “familia” por la de “familias”. Si bien se trata de una distinción sutil, quienes están dentro a veces consideran que la forma plural comprende también las uniones no convencionales, como ser las homosexuales. De hecho, esta interpretación fue propuesta por la administración Obama, el mes pasado, en la reunión de la “Comisión sobre la condición de la mujer”, cuando se hicieron observaciones sobre unos instructivos de la ONU que aludían a “diferentes formas de familia”.
La delegación uruguaya fue criticada por estar ideológicamente influenciada. Hace un año, Uruguay fue representado en la CPD por un demógrafo profesional del Instituto Nacional de Estadística, quien ofreció presentó en forma objetiva y no ideológica los desafíos que constituyen para desarrollo del país el hecho de que la población esté envejeciendo y los jóvenes, emigrando. Este año, no obstante, el país envió un representante político del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien elogió los esfuerzos para alcanzar una “reducción de la fertilidad” como parte de las medidas actuales de “salud sexual y reproductiva”.
Por el contrario, pese a los esfuerzos de ciertos delegados mexicanos pro-abortistas, entre los que se encuentra un miembro del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), los cuales tendían a que la delegación de México avanzara en la introducción de términos relacionados con los derechos reproductivos, el país moderó su postura hacia mediados de la semana. Algunos han atribuido este giro a una intervención directa de la capital mexicana.
Del mismo modo, según Carlos Polo, director de la oficina latinoamericana del Instituto de Investigación sobre Población, la postura de la delegación peruana cambió en el transcurso de la semana debido a la intervención directa de Lima.
La mayoría de los países latinoamericanos estuvo ausente o guardó silencio durante las negociaciones, lo cual, en la práctica, implicó el apoyo tácito a los radicales, ya que estos últimos condujeron la reunión y controlaron la agenda. Cynthia Mejía, ciudadana de la República Dominicana que estuvo presente en la conferencia de la CPD, expresó su desilusión ante el hecho de que su país no se uniera a Perú y a Chile, los cuales expresaron reservas en aquellos casos en los que la legislación nacional prohíbe el aborto.
Algunos críticos también cuestionaron la postura tendenciosa de la presidente de la conferencia, Elena Zúñiga Herrera, a quien se responsabilizó del énfasis puesto en el texto del borrador inicial en lo que respecta a los derechos de salud y reproductivos, y a reducción de la fertilidad. Se percibe en ella una inclinación en favor del aborto. Los mexicanos pro-vida advierten que, como ex-directiva de CONAPO, agencia gubernamental mexicana a cargo de los programas de población, Zúñiga Herrera presionó para que se aprobara la pastilla del día después, de la cual se dice que puede ser abortiva.
Al término de la conferencia, sólo Perú y Chile reafirmaron claramente las leyes y constituciones pro-vida de sus países, siendo la postura peruana la más firme de las dos. Otras naciones latinoamericanas cuyas constituciones protegen explícitamente a los no nacidos, entre las que se encuentran Guatemala y Paraguay, guardaron silencio.
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